jueves, 11 de septiembre de 2008

empresas de vigo

Es curioso el tratamiento que se da estos días a la situación ilícita de la mayoría de empresas viguesas situadas en imaginarios "polígonos industriales". En esta ciudad para lograr esta consideración no se necesitan zarandajas administrativas ni legales, mucho menos medio ambientales o cualquier otra que demuestre la más mínima responsabilidad social.

Tenemos que para los empresarios de la ciudad basta con enviar un impreso por escrito, incompleto y sin documentación que acompañe la solicitud para dar por buena la apertura. Cuando les requieren el papeleo imprescindible, pasamos a considerar que "la tramitación de esas licencias no les fueron concedidas por diferentes motivos (falta de documentación, caducidad de expedientes)", como recogen los inteligentes redactores del Atlántico Diario. Caducidad de expedientes es lo que se entiende que sucede cuando uno no responde a una solicitud de la Administración, que es lo que ha pasado. Por supuesto, el nombre de estas empresas infractoras se omite convenientemente en este diario. No hace lo mismo El País, que incluso se empeña en recoger el nombre de Horacio Gómez cada vez que habla del tema.

Por su parte, el Fallo de Vigo, hace uno de esos juegos malabares de fechas tan acostumbrados para disimular en la medida de lo posible que el principal culpable de la implantación de la nave incendiada es responsabilidad del ex alcalde Manuel Pérez, del PP. "Concluye su mandato en el 1999", es decir, que esta desfeita tuvo lugar durante su mandato (1998). Por cierto, que la Perly y Figueroa ya estaban entre los concejales de esa época. Y el mismo Horacio se presentó como futuro concejal de Urbanismo en las elecciones locales del 99.

Respecto al número de empresas que convivían en esta nave no nos acabamos de poner de acuerdo. Desde las once iniciales pasamos a diez u ocho dependiendo del medio. E incluso las no solicitantes de licencias no aparecen demasiado claras, puesto que La Voz de Galicia las extiende de cuatro a seis. Eso sí, en lugar de decir claramente que estas empresas son infractoras se limita a decir que estaban en situación de "alegalidad". Montar un chiringuito sin medidas de seguridad ni licencias es "alegalidad". Sólo falta que "los financieros" salgan en defensa del idioma español para llegar al colmo del desprósito.

2 comentarios:

ana pastor dijo...

Deberiamos eliminar los partidos politicos y los concellos. Lo lógico en ciudades como Vigo es crear un comité de sabios formado por los grandes empresarios, con lugar destacado a los representantes de Aproin, y que ellos nos gobiernen.
Por eso de que nos gusta votar y para decir que hay democracia que cada seis años podamos cambiar un sabio.
Al fin y al cabo los que mandan son las grandes empresas que montan sus chiringuitos donde les cuadra y en plena zona urbana y no cumplen normas medioambientales y por encima si sale algo mal no paga el empresario lo hace una línea de subvenciones habilitada para el efecto.
Eso sí los pequeños autónomos y las pymes familiares cada día más j.... lo mismo que el currante.

pablo gonzalez dijo...

en realidad ya nos gobierna el alvariño. ¿o si no, de qué se queja cada vez que no le hacen caso a sus caprichos?